Condenan a dos camioneros bolivianos por contrabando de un precursor de cocaína

Dos conductores de camiones de nacionalidad boliviana ya fueron condenados por la Justicia federal de Salta a cuatro años y ocho meses de prisión. Intentaban sacar del país más de 35 toneladas de acetato de etilo, un solvente controlado con destino a Bolivia. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta.

Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García aceptaron las penas propuestas por la fiscalía a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos. Fueron declarados coautores de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización.

El control en Aguas Blancas

El operativo se produjo el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo. Los vehículos transportaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo, distribuidos en 95 y 96 tambores. La documentación indicaba que la carga debía salir por el paso de Salvador Mazza con destino a Cochabamba, pero los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino.

Al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), los investigadores comprobaron que las patentes de los vehículos no estaban habilitadas para esa operación. La fiscalía determinó que alguien incorporó las patentes a un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado para darle apariencia de legalidad.

Pericias y alcance internacional

Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo, incluido en el listado del Renpre por su potencial uso en el refinamiento de clorhidrato de cocaína. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de allanamiento a la causa.