Córdoba: la Defensoría provincial advirtió esperas prolongadas para acceder a terapias, prótesis y medicamentos vinculados a la discapacidad

Obtener un turno para certificar una discapacidad, iniciar un proceso de rehabilitación o acceder a una prótesis puede demandar varios meses de espera en la provincia de Córdoba, según se desprende del informe que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026. El documento, elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, reúne testimonios de personas con discapacidad, familiares y profesionales, y describe un conjunto de obstáculos que comprometen la continuidad de los tratamientos y la economía de los hogares.

Qué cambia

El relevamiento pone nombre y plazos a demoras que hasta ahora circulaban como denuncias aisladas. La Defensoría del Pueblo de Córdoba sistematizó esperas concretas para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), a medicamentos, a prótesis y a vacantes en centros de rehabilitación, y las cruzó con información sobre el financiamiento del sistema y la situación económica de las familias. El resultado es un mapa descriptivo de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en distintos puntos de la cadena de atención.

A quién alcanza

El informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba alcanza a las personas con discapacidad y a sus familias, a los equipos de profesionales y a las instituciones que brindan prestaciones. En la Ciudad de Córdoba, las juntas evaluadoras del CUD funcionan en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, donde los turnos se otorgan con esperas de dos a tres meses, según el documento. A esa primera barrera se suman demoras para conseguir consultas con especialistas y, sobre todo, para iniciar tratamientos prolongados.

Desde cuándo

Los plazos relevados por la Defensoría del Pueblo de Córdoba se extendían, al momento del informe, entre cuatro y nueve meses para la entrega de prótesis y medicamentos, y entre nueve y catorce meses para el ingreso a centros de rehabilitación. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo, fue quien expuso esos rangos al presentar el documento. El informe aclara que esos períodos corresponden a lo declarado por los consultados y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular.

• Esperas de dos a tres meses para acceder al Certificado Único de Discapacidad en los hospitales pediátricos de la Ciudad de Córdoba, sobre siete hospitales con juntas evaluadoras.
• Demoras de cuatro a nueve meses para la entrega de prótesis y medicamentos, según el informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba.
• Esperas de nueve a catorce meses para el ingreso a centros de rehabilitación, de acuerdo con el mismo documento.
• Gastos de bolsillo de entre 150.000 y 180.000 pesos por mes en sesiones, relatados por una madre entrevistada, tras dos años de atención particular.
• Atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos de obras sociales y programas estatales a los prestadores, según la Defensoría del Pueblo de Córdoba.
• Aumento del 225 por ciento en los aranceles del nomenclador nacional entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, frente a una inflación acumulada del 336 por ciento, de acuerdo con el informe.
• Incremento del 559 por ciento en el precio de la nafta súper en el mismo período, contra un 231 por ciento en el valor reconocido por kilómetro, según el documento.

El informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba también describe el impacto económico sobre las familias mientras esperan las respuestas del sistema. Una madre entrevistada en el marco del relevamiento relató desembolsos de entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, después de haber sostenido la atención por vía particular durante alrededor de dos años. El documento agrega que los gastos de bolsillo suelen extenderse a transporte y apoyos escolares, y que la carga de los cuidados recae de manera desigual sobre las mujeres, con testimonios de madres que redujeron su jornada laboral y, en consecuencia, sus ingresos.

El lado de los prestadores

Las dificultades que releva la Defensoría del Pueblo de Córdoba no se limitan a las personas con discapacidad y sus familias. El informe describe atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos que obras sociales y programas estatales destinan a los prestadores. En paralelo, advierte una brecha entre los aumentos de costos y los incrementos reconocidos por el sistema. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional crecieron un promedio del 225 por ciento, mientras que la inflación acumulada en ese período alcanzó el 336 por ciento, según los datos que cita el documento.

La diferencia es aún más marcada en el transporte, un capítulo sensible para las prestaciones que requieren traslados frecuentes. En el mismo período, el precio de la nafta súper registró un aumento del 559 por ciento, frente a un 231 por ciento en el valor reconocido por kilómetro, siempre de acuerdo con la información incluida en el informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba. El documento vincula estas condiciones con dificultades para sostener los servicios y describe instituciones que redujeron gastos de funcionamiento, una señal que, según la propia Defensoría, compromete la oferta disponible para las personas con discapacidad.

“Hay demoras de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación, según lo que relevamos en este informe.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo

La Defensoría del Pueblo de Córdoba aclara que sus conclusiones se apoyan en entrevistas y grupos focales, por lo que describen experiencias y no constituyen una medición estadística de todos los casos. Aun así, el informe ordena por primera vez en un mismo documento los distintos cuellos de botella que atraviesan la certificación de la discapacidad, el acceso a prestaciones y la sustentabilidad económica de los prestadores, y los presenta con plazos y porcentajes que dan dimensión del problema en la provincia.