La canasta de los jubilados perforó los 2,09 millones de pesos y se aleja del haber mínimo en más de cuatro veces
El relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología registró un aumento interanual del 38% y volvió a dejar a la prestación mínima, aun con bono, muy por debajo de los gastos elementales que enfrenta una persona mayor en la Argentina urbana.

La cifra inicial que ordena el informe no admite ambigüedad: 2.090.646 pesos. Ese es el valor que la Defensoría de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología asignaron a la canasta de consumos elementales de una persona mayor para octubre de 2026, en una medición que releva la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y Mendoza. Frente a la jubilación mínima de 505.748 pesos, que incluye el bono extraordinario, la diferencia vuelve a poner en evidencia una brecha que la actualización periódica de los haberes no consigue cerrar.
El crecimiento respecto del mismo mes del año pasado es uno de los datos más elocuentes: en octubre de 2025, esa misma canasta se ubicaba en 1.514.074 pesos, lo que implica un alza del 38% en doce meses. Frente al registro de marzo, cuando el valor calculado era sensiblemente menor, la suba acumulada en el año alcanza el 14,58%, en línea con una dinámica de costos que vuelve a presionar sobre los ingresos de los hogares encabezados por adultos mayores.
Tres rubros concentran casi dos tercios del presupuesto
El informe distribuye el gasto en una serie de capítulos que permiten reconstruir el peso relativo de cada necesidad. Medicamentos y atención de la salud encabezan la lista con 518.708 pesos mensuales, un monto que, considerado de manera aislada, ya supera los 505.748 pesos que percibirá en octubre un jubilado con la mínima más el refuerzo. A esa partida se suman 457.742 pesos destinados a alimentos y 364.969 pesos para vivienda, lo que totaliza 1.341.419 pesos, alrededor de dos tercios de la canasta completa.
El detalle de la metodología permite dimensionar el alcance de cada componente. En el rubro salud, el cálculo incorpora distintos medicamentos y los descuentos disponibles en farmacias de acuerdo con la obra social del beneficiario, un factor que reduce el precio de bolsillo pero no lo equipara con el del público general. En vivienda, la estimación contempla tres situaciones posibles: quienes conservan una propiedad propia, quienes alquilan y quienes residen en una pensión, de modo que el valor consignado funciona como un promedio ponderado de condiciones habitacionales heterogéneas.
El contraste con otros beneficios previsionales amplía el cuadro de situación. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubicaron en 375.023 pesos, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza los 418.598 pesos con bono. Ambos montos quedan por debajo del costo calculado únicamente para medicamentos y salud, lo que ilustra la profundidad del desajuste entre los ingresos disponibles y los gastos elementales.
Qué significa para el empleo
El informe no aborda de manera directa la cuestión laboral, pero el cuadro que describe tiene derivaciones concretas sobre el mercado de trabajo y la organización de los hogares. Cuando la prestación previsional apenas alcanza a cubrir algo menos de una cuarta parte de la canasta básica de un adulto mayor, la diferencia suele saldarse mediante la ayuda económica de hijos y otros familiares en actividad, lo que termina comprimiendo el consumo interno y el ahorro de los hogares que sostienen a sus mayores. En paralelo, la presión sobre rubros como salud y farmacia, donde los adultos mayores son consumidores frecuentes, refuerza la demanda de cuidadores, auxiliares de enfermería y personal gerontológico, una rama del empleo de servicios que en los últimos años ganó participación pero que, según los propios relevamientos sectoriales, todavía opera con altos niveles de informalidad y remuneraciones bajas. La distancia entre la jubilación mínima y la canasta relevada configura, en definitiva, un escenario en el que el sostenimiento material de los mayores se resuelve con transferencias familiares informales más que con ingresos propios generados por el sistema previsional.
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