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La Justicia procesó a Raúl Martins por lavado de activos y ordenó embargar sus bienes por 300 millones de pesos

La jueza María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la SIDE, extraditado desde México. El expediente investiga operaciones con dinero que la magistrada vinculó con la explotación sexual de mujeres. La defensa niega los hechos y apunta a las fechas de las maniobras.

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Irene GriffithsPoliciales y judiciales · · 2 min de lectura
La Justicia procesó a Raúl Martins por lavado de activos y ordenó embargar sus bienes por 300 millones de pesos

El exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Raúl Martins, quedó procesado con prisión preventiva por lavado de activos, en una resolución firmada por la jueza federal María Servini. La magistrada también dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, en el marco de una causa que investiga el origen de fondos asociados a la explotación sexual de mujeres.

El eje del caso y los cuestionamientos de la defensa

La decisión de Servini rechazó los planteos de la defensa, que había solicitado el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. El principal argumento defensivo giró en torno a las fechas: Martins señaló que las 26 operaciones atribuidas, entre ellas la compra de propiedades y la administración de sociedades, correspondían al período 2009-2012, es decir, anteriores al tramo que la Justicia considera probado del delito de explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

En su descargo escrito, el imputado afirmó además que el único antecedente firme de trata de personas correspondía al local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y sostuvo que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito.

Los argumentos de Servini para confirmar el procesamiento

Servini explicó que la constitución de una sociedad con anterioridad al delito no impide que sea utilizada después para canalizar bienes de origen ilícito. En ese sentido, evaluó de manera conjunta la intervención de sociedades argentinas y extranjeras, el manejo de poderes de administración y la participación de familiares del investigado.

Según la resolución, Martins habría mantenido el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final de los activos. La magistrada concluyó que existían elementos suficientes para considerarlo partícipe necesario del lavado de activos investigado.

  • La causa se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
  • Martins, de 77 años, fue detenido en México en 2019 y trasladado a la Argentina desde Cancún en un operativo que contó con intervención de fuerzas de seguridad.
  • El expediente continúa su trámite en el juzgado federal de Servini, donde se aguarda la próxima audiencia fijada en el marco del proceso.
IG
Irene GriffithsPoliciales y judiciales

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