Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental aumentaron 23% en el último año en la Argentina, mientras que las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un avance adicional de 12% en los últimos doce meses, de acuerdo con un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús a partir de información aportada por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias. El informe fue presentado ante el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y reavivó la discusión sobre la capacidad de respuesta del sistema público frente a una demanda que las propias jurisdicciones calificaron como sobreexigida.

Qué cambia, a quién alcanza y desde cuándo

El relevamiento abarcó a las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto representan más del 70% de la población argentina, y también participaron los equipos de Entre Ríos y Río Negro. El cuadro que surge de esa consolidación muestra una suba marcada en la demanda de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o de empresas de medicina prepaga y migraron hacia el sistema público. En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas registradas en las guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental, una proporción que las autoridades sanitarias provinciales describieron como inédita para ese nivel de atención.

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de las jurisdicciones analizadas, y trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias mediante la apertura de centros de día, la conformación de equipos territoriales, la puesta en marcha de viviendas asistidas y la creación de dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. Aun con esa expansión de la oferta, los equipos técnicos que aportaron los datos al informe advirtieron que esas capacidades se encuentran sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que persisten dificultades concretas para completar los planteles con disciplinas consideradas críticas para el funcionamiento de los dispositivos.

• Aumentar la inversión destinada a la política nacional de salud mental, con partidas presupuestarias suficientes y sostenidas en el tiempo.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos disponibles, con foco en la incorporación de profesionales de disciplinas críticas que hoy faltan en los equipos.
• Garantizar el acceso a medicamentos y a tratamientos psicoterapéuticos en todo el territorio nacional, con especial atención a las provincias más pequeñas.
• Producir información epidemiológica de calidad, con indicadores unificados que permitan comparar la situación entre provincias y a lo largo del tiempo.
• Recuperar una coordinación efectiva entre la Nación, las provincias y los municipios, que las jurisdicciones consideran deteriorada en los últimos años.

El contexto del debate en el Congreso

El informe fue presentado en el Senado mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y las autoridades provinciales plantearon, en línea con el documento, que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar, a la vez, el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. La presentación dejó planteada una tensión central de cara al tratamiento legislativo: por un lado, el crecimiento acelerado de la demanda que muestran las cifras consolidadas por la Universidad Nacional de Lanús y, por el otro, la discusión sobre el marco normativo que ordenará la respuesta estatal en los próximos años.