Pandanés: 25 sucursales cerradas, 150 despidos y un salvataje judicial en marcha

Un total de 25 locales y 150 puestos de trabajo quedaron en el aire tras el cierre total de la cadena de panaderías Pandanés en el área metropolitana de Buenos Aires, una situación que la propia empresa atribuye a una retracción del consumo superior al 50% respecto de los niveles históricos, al encarecimiento sostenido de los insumos y a un sobredimensionamiento de su estructura industrial que arrastraba desde la etapa de expansión.

Al solicitar el concurso de acreedores, la firma declaró una cesación de pagos que se remonta a octubre de 2025 y reconoció que, tras cerrar las 25 sucursales, su planta de 1.778 metros cuadrados, inaugurada en noviembre de 2022 para abastecer hasta 50 locales propios, quedó con capacidad instalada muy por encima de la demanda efectiva, mientras los costos fijos por alquileres, energía y personal se mantenían inalterados.

Los argumentos de la empresa

• Una caída del consumo superior al 50% del volumen histórico.
• El alza internacional del precio de los granos y, en particular, de la harina, principal insumo de la actividad.
• El incremento de servicios y salarios actualizados por paritarias.
• Una planta industrial dimensionada para 50 locales, que terminó abasteciendo un número decreciente de sucursales.
• Renegociaciones de alquileres, cambios de proveedores y acuerdos con el fisco que no habrían alcanzado para revertir el cuadro.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

La decisión judicial

El juez Pablo Frick, a cargo del Juzgado Comercial N.º 15, rechazó el pedido de quiebra y ordenó la apertura de un registro de cinco días hábiles para que acreedores, cooperativas o terceros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales. La resolución se fundó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que obliga a agotar el procedimiento de salvataje antes de avanzar hacia la quiebra cuando se configuran los requisitos legales. Al momento de la presentación concursal, el pasivo de la compañía rondaba los 1.200 millones de pesos.

En paralelo, la sindicatura detectó que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y el resto de las cargas sociales, un señalamiento que se suma a la denuncia de los trabajadores, quienes relataron haber sido despedidos mediante mensajes de WhatsApp, no haber recibido aún los telegramas de despido formales y no poder retirar sus pertenencias de los locales cerrados.

Qué significa para el empleo

Para los 150 empleados desvinculados, la apertura del registro de salvataje representa una ventana acotada de cinco días hábiles para que un eventual adquirente o una cooperativa de trabajadores formule una oferta que permita sostener, al menos parcialmente, la fuente de trabajo. La instancia judicial no garantiza la reapertura de los locales ni el reingreso del personal, pero abre un canal formal de negociación frente al cuadro de cesación de pagos declarado, mientras el expediente avanza hacia la definición de una salida concursal.